Propuestas de la Cámara de Comercio en materia económica ante las elecciones del 20D

La Cámara de Comercio de España va a trasladar a los principales partidos políticos que concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre sus propuestas en materia económica con el objetivo de buscar un mínimo común que garantice las condiciones necesarias para favorecer el crecimiento económico y la estabilidad social. Medidas orientadas a favorecer la actividad empresarial, su competitividad e internacionalización deben estar presentes en el programa económico del próximo gobierno.

Las elecciones del próximo 20 de diciembre son, probablemente, una de las citas electorales más trascedentes de nuestra democracia. Se producen en un momento en el que la crisis económica empieza a quedar atrás, pero cuando todavía queda mucho por hacer para que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de la recuperación.

La reducción del paro debe ser el objetivo prioritario de toda la sociedad y para ello es imprescindible que las empresas puedan trabajar en un entorno estable y predecible. Mantener la estabilidad política y social son condiciones básicas para que las empresas pueden desenvolverse, llevar a cabo nuevos planes de inversión, crear puestos de trabajo y generar actividad económica.

La estabilidad pasa por la defensa de nuestro sistema institucional, basado en la Constitución de 1978, que consagra los principios de la economía social del mercado y la pertenencia a la Unión Europea. Este es el contexto político y económico que ha permitido a España dar un salto de gigante en los últimos 40 años. Y este ha de ser, también, el marco que nos permitirá seguir avanzando por la senda de la modernidad y el progreso.

La defensa de nuestro sistema institucional no supone, ni mucho menos, una posición inmovilista ni contraria a los cambios. Como se ha puesto de manifiesto durante la reciente crisis, el sistema es perfectible y las reformas, si se realizan dentro de la legalidad y con consenso, son siempre bienvenidas.

Desde la Cámara de Comercio de España queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad de las fuerzas políticas para que demuestren altura de miras y actúen en defensa del interés general, preservando la estabilidad política y económica. Los partidos deben brindar a los ciudadanos una campaña serena y respetuosa, que dé lugar a un debate en profundidad de cuantas cuestiones preocupan a la sociedad española, para que los votantes acudan a las urnas con pleno conocimiento del contenido de sus propuestas y las consecuencias e implicaciones de su aplicación.

Consideraciones económicas de relevancia para la economía insular

I. La Cámara de Comercio de Mallorca entiende que las instituciones han de promover iniciativas públicas que permitan aprovechar los impulsos de la economía, en cooperación con las organizaciones empresariales y la Cámara de Comercio. Al mismo tiempo, propone que todas las iniciativas legislativas se basen en el rigor presupuestario desde dos vertientes: un estudio de impacto económico y una evaluación de sostenibilidad.

II. Reclamamos la participación de una representación insular en los organismos públicos estatales cuya gestión pueda afectar a la actividad económica y al desarrollo social de Mallorca, como por ejemplo los aeropuertos.

III. Reivindicamos una más justa financiación estatal, que reduzca el agravio que sufren las Illes Balears respecto a otras comunidades españolas. Entendemos también que las administraciones públicas han de evitar crear más déficit presupuestario.

IV. Las normas que afectan al ejercicio de actividades empresariales deberían ser consensuadas con los sectores afectados, ser claras y con voluntad de mantenerse en el tiempo, ya que las visiones cortoplacistas fomentan los negocios especulativos, no los productivos.

V. La Cámara aboga por una Educación que esté en sintonía con lo que reclama la sociedad en el ámbito laboral y especialmente en idiomas, y una FP de calidad, que debe dotarse de más medios para optimizar sus resultados.

VI. La Cámara también pide a las instituciones públicas y privadas que incentiven la I+D+i como marco imprescindible para la evolución económica y social de nuestro territorio.