La Cámara apuesta por una mayor homogeneidad en los servicios que se prestan en las playas, sus precios y las condiciones para su concesión

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca ha elaborado un estudio sobre la política de concesiones de servicios en las playas de la isla, en el que ha constatado la gran heterogeneidad existente en los servicios que se prestan en las playas y en los precios de los mismo, así como en los criterios que aplican los Ayuntamientos a la hora de conceder a terceros la explotación de estos servicios.

Ante esta situación, la corporación apuesta por una mayor homogeneidad tanto en los servicios que se prestan en las playas y los precios que se cobran por ello, como en las condiciones que exigen los Ayuntamientos a las empresas que se presentan para explotar esos servicios, considerando que ello redundaría en una mayor viabilidad de estas concesiones y una mayor satisfacción de los usuarios de estos servicios.

 

La Cámara decidió llevar a cabo este estudio para comprender y revisar el funcionamiento y condiciones de estas concesiones, ante las crecientes quejas por la disminución de la rentabilidad de esta actividad por parte de las empresas concesionarias, así como por el aumento de reclamaciones por parte de los usuarios de estos servicios, que en ocasiones alegan que los precios que se aplican son abusivos.

 

A la luz de los datos obtenidos de este estudio, realizado sobre 17 municipios de la isla, la Cámara ha constatado que la cantidad del canon a pagar por parte de las empresas concesionarias ha crecido en gran medida en los últimos 10 años, duplicándose incluso en algunos casos, debido al incremento del valor catastral de los terrenos. Ello genera un impacto negativo, ya que reduce significativamente la rentabilidad para el concesionario y conlleva un encarecimiento de la oferta complementaria, con la consiguiente pérdida de competitividad del destino.

 

El estudio señala además que en muchos casos el cuidado de las playas se limita al periodo de la concesión, ya que el concesionario está obligado con carácter general a realizar la limpieza de las playas, por lo que hasta que no comienza el periodo de concesión no se realizan dichas labores de limpieza.

 

Una legislación poco concreta

 

Asimismo, el estudio apunta que la legislación actual regula los derechos y las condiciones técnicas y económicas básicas de los procesos de licitación, pero no concreta el procedimiento ni el detalle de la cesión de los derechos de explotación.

 

Todo ello genera una gran heterogeneidad en cuestiones de gran relevancia, como es el caso de los proyectos que presentan los ayuntamientos a Demarcación de Costas para la cesión de los derechos de explotación, los pliegos que emiten los ayuntamientos para ceder estos derechos, la importancia del precio como criterio para la evaluación de las propuestas presentadas por los potenciales concesionarios, los beneficios que obtienen los ayuntamientos por la explotación y/o cesión de los servicios de playas, así como la política de precios de los concesionarios.


A esto se suma también el insuficiente control sobre las concesiones por parte de Demarcación de Costas, que únicamente supervisa los temas que afectan a seguridad o medio ambiente en estas playas, sin aproximarse a otras cuestiones de carácter más técnico sobre los procesos de concesión o la política de precios que aplican los ayuntamientos.

 

Recomendaciones

 

Por todo ello, la Cámara de Mallorca realiza una serie de recomendaciones para favorecer una mejor gestión de estos procesos de licitación, que redunden positivamente en los servicios que se ofrecen en las playas y, por tanto, en la competitividad de Mallorca como destino:

 

- Incluir una mayor precisión en la Ley de Costas respecto a los proyectos que presentan anualmente los Ayuntamientos a Delegación de Costas para obtener los derechos de explotación, así como respecto a los criterios mínimos que deben regir los pliegos técnicos y administrativos, y sobre los criterios de evaluación de las propuestas, permitiendo también una ampliación del periodo de explotación/adjudicación de la concesión.

 

- Establecer un mayor control por parte de Demarcación de Costas respecto a estos procesos y a las reglas que rijan en el proceso de adjudicación de los derechos de explotación en las playas.

 

- Informar a los ayuntamientos afectados de las diferencias entre los servicios que se ofrecen en las distintas playas de la isla, invitándoles a establecer una mayor homogeneidad entre ellos, especialmente en los servicios de reciente creación.

 

- Plantear a estos mismos ayuntamientos la posibilidad de establecer plazos plurianuales para la concesión de los servicios en las playas, de forma que la oferta tenga un mayor atractivo para los potenciales concesionarios.

 

- Fomentar el cuidado y mantenimiento de las playas durante todo el año, y no sólo durante el periodo de la concesión, lo que puede favorecer la desestacionalización del turismo.

 

- Elaborar un manual de buenas prácticas por parte de Demarcación de Costas y de la Cámara de Mallorca para recoger las mejores experiencias en el marco de estos procesos, que sensibilicen a los Ayuntamientos sobre el buen uso de los derechos que tienen y les ayude a mejorar u optimizar un servicio que resulta crítico para la competitividad turística de un municipio.

 

- Crear una aplicación informática que deban usar los ayuntamientos que cuenten o deseen contar con los derechos de explotación de las playas, permitiendo así la homogeneización de los proyectos presentados a Demarcación de Costas.

 

- Realizar encuestas periódicas entre los usuarios de estos servicios en todas las playas que ofrezcan servicios en Mallorca.