La Cámara aboga por una mayor individualización de la gestión de los aeropuertos baleares a través de un consorcio público

El Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, Joan Gual de Torrella, participó el viernes 6 de mayo en el acto de firma de los convenios para la creación de un Comité de Rutas para los aeropuertos de Baleares, tal como puede apreciarse en la fotografía.

 

Y es que la Cámara ha mostrado siempre un especial interés en la cuestión de la gestión de los aeropuertos del archipiélago, y cuenta de hecho con una propuesta al respecto, en la que esta corporación apuesta por profundizar en la individualización de la gestión de los aeropuertos de Baleares, dejando en todo caso las cuestiones relativas al control del tráfico aéreo y la seguridad aérea íntegramente bajo el control (directo o regulatorio) de la Administración General del Estado.

 

Así, la Cámara considera que la fórmula más adecuada para la reforma de la gestión de los aeropuertos insulares sería la constitución de un consorcio público, que podría estar integrado por el Estado, el Gobierno de las Baleares, la Administración local (insular y municipal) de los ámbitos de los respectivos aeropuertos, y las respectivas Cámaras de Comercio insulares.

 

Este consorcio recibiría la concesión del dominio público del aeropuerto en cuestión por un periodo no inferior a 50 años, pudiendo así ejercer las funciones públicas que afectan al aeropuerto, salvo las relacionadas con el control del tráfico aéreo y la seguridad aérea. Por su parte, el consorcio público abonaría una contra-prestación de un canon por el uso de las instalaciones no amortizadas, excluyendo el suelo.

 

Por su parte, las funciones que no tengan carácter público podrían ser transmitidas en concesión a una sociedad gestora de carácter mercantil, ya fuera de carácter público o privado, que a su vez debería abonar un canon al consorcio público.

 

La sociedad gestora actuará con autonomía económica y financiera, y por cuenta y riesgo propios, y debería tener plena capacidad de actuación en los siguientes aspectos:

 

- Establecimiento de las tarifas, que deberían tener la consideración de precios privados, en el marco de la regulación establecida por el organismo público correspondiente, respetando la competencia entre aeropuertos.

 

- Capacidad de decidir, planear y financiar las inversiones.

 

- Participación el en proceso de asignación de derechos de aterrizaje y despegue -slots-, respetando la regulación de la Unión Europea, y ostentando capacidad decisoria cuando haya margen para la discrecionalidad.

 

- Relaciones comerciales con las compañías aéreas, incluyendo la promoción de nuevas rutas aéreas.

 

- Libertad total para promocionar el aeropuerto, sin ninguna limitación.

 

- Libertad de contratación de los servicios que la sociedad no tenga que producir de forma directa.

 

La aplicación de este proceso de reforma a los aeropuertos de las Illes Balears se podría aplicar a corto plazo y sin ningún tipo de problema operativo a los aeropuertos de Palma de Mallorca y de Ibiza, si bien en el caso del aeropuerto de Menorca se deberían prever las medidas apropiadas en un periodo transitorio, considerando que en el corto plazo no le será fácil alcanzar una situación de equilibrio financiero.

 

Aún así, ello no debería ser un problema relevante en el medio plazo, vista la dimensión relativa de las pérdidas, la previsión de crecimiento del tráfico en el futuro, y las eventuales mejoras en la eficiencia del aeropuerto derivadas de la reforma de su gestión.